El reciente suicidio de una niña de 14 años en Sevilla, nos confronta con una tragedia evitable. Este caso no solo evidencia las consecuencias que puede llegar a tener el acoso escolar, sino también las carencias estructurales y humanas que aún persisten en la protección de la infancia.
La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) establece un marco legal claro: todos los centros educativos están obligados a aplicar protocolos de prevención, detección y actuación ante cualquier forma de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Además, cumplir con la LOPIVI y activar los protocolos no es solo un trámite administrativo, es un deber ético ineludible.
Enfrentar el acoso escolar es una responsabilidad colectiva que además de a las familias incluye a comunidad educativa, personal sanitario, instituciones y ciudadanía.
Detectar a tiempo el acoso, intervenir con sensibilidad y firmeza, y brindar adecuado es crucial. Importa también prestar atención a quienes ejercen violencia: son en muchos casos niños y niñas que necesitan una intervención adecuada para romper esa dinámica dañina.
Implicarnos activamente, sin excusas ni miedos, es la única forma de construir entornos verdaderamente seguros donde todos los niños y niñas puedan crecer en un ambiente de respeto y protección.
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